En el Proyecto de Presupuesto 2027, la Secretaría de Marina recibiría un incremento real de 19.4%. La Secretaría de Cultura, en cambio, apenas 1.9%.
Hay un dato que dimensiona esta diferencia: el incremento nominal propuesto para Marina supera los 15 mil millones de pesos, una cantidad que equivale prácticamente a todo el presupuesto anual que se propone para Cultura en 2027.
No cuestionamos la inversión en las Fuerzas Armadas ni los recursos destinados a quienes cumplen esa responsabilidad. Cuestionamos las prioridades presupuestales del Estado y su congruencia con las obligaciones constitucionales.
El artículo 1º de nuestra Constitución establece el principio de progresividad en materia de derechos humanos: el Estado debe avanzar en su protección y garantía, no permitir que sus condiciones de ejercicio se deterioren o permanezcan indefinidamente estancadas.
El presupuesto cultural no es un subsidio para los creadores. Es uno de los instrumentos con los que el Estado garantiza que todas las personas puedan ejercer su derecho a la vida cultural.
Condenar al subempleo, a la precariedad y a la falta de seguridad social a quienes producen cultura —muchos de ellos formados en instituciones públicas— no puede justificarse simplemente como una consecuencia de las leyes del mercado. También revela una responsabilidad pública que no está siendo atendida.
Sin derechos garantizados no hay pacificación duradera posible.
Gabriel Pascal.